La Festram, la CTA, Agmer, ATE y Ajer rechazaron la intervención del IOSPER que dispuso el gobernador Rogelio Frigerio. UPCN pidió que participe una comisión obrera. Anticipan que podría incrementarse el conflicto. ¿Quién se queda?
“Es una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes”, expresó con contundencia la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales, que nuclea a la mayoría de los sindicatos municipales de la provincia.
Por su parte, ATE considera que la intervención “configura un grave retroceso que lesiona la representación genuina de los afiliados”. Y agregaron: “Más allá de los redimensionamientos y reconversiones al que el Instituto seguramente debe ser sometido y el necesario apego a los procedimientos, de ninguna manera es el de la intervención un razonamiento válido para resolver la situación de fondo, cuando además en las designaciones de los interventores aparecen nubarrones que, de mínima, generan justa suspicacia”.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se declaró en “estado de alerta permanente” y advirtió que “si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”. Aseguran que la obra social de la provincia se desfinanció por la devaluación y la caída de salarios.
Para la CTA es un camino al ajuste: La intervención "Constituye un atropello a los estatales entrerrianos que eligieron sus autoridades para conducir la Obra Social. Esta medida intempestiva y unilateral no responde a ningún justificativo de transparencia u optimización de los servicios, sino que es lisa y llanamente un camino al ajuste".
La Asociación de Empleados Judiciales (Ajer) calificó la medida como “un golpe institucional innecesario e injustificado” y “un verdadero atropello a los trabajadores, que somos sus legítimos dueños”, y que la medida además “genera más incertidumbre”.
Mientras que UPCN mostró complaciencia:“La intervención es una facultad que el Gobierno tiene, que no está por fuera de lo legal”, dijeron. “Tomamos la palabra del gobernador al indicar que se trabajará de manera conjunta y en equipo con los representantes de los trabajadores y, en respuesta, le aseguramos que allí estaremos”, se anotaron. “Para poder realizar ese acompañamiento, sería conveniente que se conforme una comisión específica con la participación de los gremios”, propusieron.
¿QUIÉNES SON LOS DIRECTORES DESPLAZADOS DEL IOSPER?
Con el decreto de Intervención del IOSPER, quienes fueron desplazados de sus cargos son:
Fernando Cañete, representante de AJER, presidente que había sido reelecto en el cargo. Adriana Hepp, designada Vicepresidenta, en representación de Agmer. Y los Vocales del Directorio: Fabián Monzón de UPCN en representación de los estatales. Adrián Gómez, del Suoyem, el Sindicato Municipal de Paraná, en representación de los empleados municipales de la provincia. Clara Luz del Valle Quintero, en representación de los Jubilados de Entre Ríos. Ángel Iturria, en representación de los Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos. Y Carina Isaurralde, en representación de los trabajadores de la propia Obra Social.
En tanto, el ex Intendente de Santa Elena, Silvio Moreya, del sindicato de trabajadores del Poder Legislativo (es planta permanente en el Congreso Provincial), quien había sido Presidente del IOSPER con anterioridad a Cañete y designado Genente General del IOSPER por el gobernador Gustavo Bordet en el 2023, no fue afectado por la intervención de Frigerio.
El Decreto de intervención dice explícitamente, en su artículo 4°, que: "Dispónese el cese inmediato en sus cargos de las Autoridades del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, con excepción del Gerente General del Organismo".
En su momento, esta nueva figura de Gerente General había sido cuestionada por la conducción obrera.
Cabe agregar que como el cargo de Gerente General es designado por el Ejecutivo, no es necesario que este rol esté contemplado en el Decreto de intervención, dado que puede ser reemplazado en un decreto siguiente. Además de que el Decreto de reemplazo o cesación en su función del Gerente General, tendría otra característica legal (fundamentos y considerandos) que los de la Intervención. Tal vez éste sea el motivo por el cual fue exceptuado.
Aunque no hay precisiones al respecto y no se sabe aún qué pasará con el cargo de Moreyra. Si Frigerio mantendrá al Gerente General de Bordet o no.
DENUNCIA CONTRA LOS PRESIDENTES DEL IOSPER
Por su parte, cabe agregrar que el actual Intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, amplió sus denuncias contra Moreya y Cañete, que son precisamente los últimos dos presidentes que tuvo el IOSPER en las últims 2 décadas.
Rossi pidió a la Justicia la “reapertura de la investigación archivada provisionalmente…”, la “auditoría integral del Iosper, a cubrir los contratos con Meditar SA y otros prestadores desde 2006” y la “investigación patrimonial exhaustiva de Silvio Moreyra y Fernando Cañete, incluyendo bienes y cuentas bancarias en el extranjero”.
Denuncia que parece fundamentar lo argumentado por el Ejecutivo Provincial en el decreto de intervención.
BREVE HISTORIA DEL IOSPER
Creado en 1973, el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos es la principal obra social de la provincia con una masa de afiliados de más de 300 mil personas, brindando servicios a empleados públicos del Estado Provincial y de los Municipios, Docentes, Policías, empleados del Poder Judicial de Entre Ríos, y jubilados provinciales.
Durante dos décadas fue administrado por el Poder Ejecutivo. En la década del '90, el gobernador Jorge Busti impulsó el traspaso del manejo a sus afiliados y se dispuso la elección de los integrantes del directorio, una normativo que fue mejorándose en distintas oportunidades.
Fue Busti también el gobernador que dispuso la primera y única intervención que tuvo el organismo, en el 2005, hasta la intervención dispuesta esta semana.
Más allá de estos vaivenes, y de las sospechas o irregularidades que se puedan presentar, es claro que la intervención del IOSPER tiene bases sólidas en un descontento generalizado y sostenido de sus afiliados sobre el funcionamiento y las prestaciones que brinda.
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