A través del decreto N° 3.675, el Gobierno Provincial dispuso el cese de todas las autoridades de la obra social más grande de la provincia (excepto el gerente general) y designó a los dos interventores del organismo. Se preve una auditoria osbre los gastos y erogaciones del IOSPER en los últimos años. Diversas irregularidades, como el incremento en gastos judiciales por la demora o denegación en prestar servicios a sus afiliados, habría sido uno de los motivos que derivó en la intervención.
¿Quién son los interventores?
Mariano Gallegos es quien fue designado como interventor del IOSPER, junto a Mariana Alegre, quien será la subinterventora.
Mariano Gallegos tiene filiación política en el PRO, pertenece a la línea de Rodríguez Larreta y se ha desempeñado como autoridad en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba).
Fue funcionario de la presidencia de Mauricio Macri y tuvo a su cargo el Plan Nacional de Abordaje integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante la gestión de Carolina Stanley.
También fue interventor del PRO en Tierra del Fuego y hasta hace unos meses era Director de la Costanera Zárate Sapem de dicha ciudad de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, Marina Alegre se desempeña como Directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos, cargo en el que presentó un pedido de licencia sin goce de sueldo para asumir la subintervención del Iosper.
CAÑETE RENUNCIÓ PERO LE DIJERON QUE NO
Este martes, previo a que se conociera el Decreto de intervención, quien ejercía la Presidencia del Iosper, el trabajador judicial (representante del gremio de Ajer), Fernando Cañete, había presentado su renuncia al Iosper.
Pero la misma no fue aceptada por el Directorio. Y finalmente este miércoles fue desplazado por el Decreto del Ejecutivo Provincial
LA INTERVENCIÓN
El decreto de la intervención cuestiona contrataciones, erogaciones y acuerdos prestacionales no informados a la Comisión y la “reticencia” de las autoridades del Iosper a brindar información, cuyo acceso habrían “obstaculizado” a los miembros de la Comisión.
Los fiscalizadores mencionaron también el “envío fuera de tiempo de los informes financieros mensuales”, estimaron un déficit de 19.000 millones de pesos (un 14% del ingreso promedio mensual) y señalaron la demora en la entrega de prótesis y el retraso en el pago de los reintegros a afiliados.
Además, advirtieron por los gastos en procesos judiciales por “la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones” y observaron informes del Tribunal de Cuentas con “irregularidades” de pagos a empresas que habrían generado “un presunto perjuicio fiscal”.
“Ante el estado de situación descrito resulta imprescindible disponer la intervención del Iosper para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados”, considera el decreto de intervención.
La normativa ordena la elaboración de auditorías contables, financieras, administrativas, presupuestarias y legales en la obra social.
Auditorías y medidas complementarias
En los próximos 30 días hábiles, se realizará una auditoría integral que abarcará los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales de la obra social. Para este fin, la intervención está autorizada a contratar con universidades públicas.
Además, se ordena la realización de arqueos e inventarios, conforme a lo estipulado por el artículo 75 de la Ley Provincial Nº 5.140, con la obligación de labrar las actas correspondientes.
Informe mensual y presupuesto
La intervención deberá presentar al Poder Ejecutivo un informe mensual detallando la evolución administrativa y prestacional del IOSPER, con el objetivo de normalizar la entidad. Asimismo, se autoriza a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones del decreto.
A horas de conocerse el decreto que establece la intervención de la obra social y la renuncia del presidente del Directorio, Fernando Cañete; los gremios UPCN, ATE y Agmer se encuentran analizando el decreto que emitió el Ejecutivo.
Fuente: Ahora.com / DiarioJunio / APF
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