El nuevo criterio para fijar costos de asesoramiento profesional desincentiva las dilaciones por apelación de honorarios

Con la ley sancionada esta semana en la cámara baja sobre Honorarios Profesionales se abandona el criterio del jus previsional y establece que será el 1,5 % del sueldo básico de un juez de primera instancia de la provincia.

Esta decisión, que atravesó un largo camino legislativo desde la gestión pasada hasta la actual, viene a salvar una doble injusticia: por un lado, resuelve una situación de inequidad para quienes ejercen la profesión pues el estipendio que recibían por su trabajo quedaba preso de los vaivenes inflacionarios. Por otro lado, otorga previsibilidad al sistema que fija los emolumentos al evitar dilaciones perniciosas generadas por la apelación de honorarios; esto permite esperar que haya resoluciones judiciales que se resuelvan en menor tiempo.

Los cambios introducidos a la Ley 7046 tienden a equiparar el honorario profesional con el que perciben otras jurisdicciones. Entre Ríos es una de las provincias con el arancel más bajo del país. Ello debido a que, al momento de regular los honorarios profesionales, el valor que se tenía en consideración era el jus previsional o aporte jubilatorio a la caja forense. A partir de ahora el criterio válido será el que ya existe en otras provincias.

Vale la pena contextualizar. La ley federal Nº27423/2017 establece el 3% de la remuneración básica de un juez de primera instancia; la ley de la provincia de Buenos Aires hace lo mismo; la ley de Procuradores de Santa Fe establece el 2% a partir del año 2008; y la norma de Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluso autoriza al sistema de actualización de intereses compensatorios de dicha regulación de honorarios. Esto indica con claridad que Entre Ríos venía muy desfasada en la materia.