La actual gestión municipal liderada por Francisco Azcue denunció a funcionarios de la gestión anterior a cargo de Enrique Cresto por presunta defraudación al Estado. Habrían detectado contrataciones a familiares directos de los funcionarios por servicios que no se habrían prestado, según trascendió.
El intendente Azcue ya lo había anticipado en el discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias. Su gestión va a enfatizar en la revisión y control de la gestión y llevaría a la Justicia a quienes hayan cometido delitos. En el inicio de la semana se conocieron más datos sobre el hecho que conmociona al mundo político concordiense.
En realidad se trata de una ampliación de una denuncia ya realizada, en la que además piden que se investigue otra acción administrativa de la gestión anterior.
DETALLES DE LA DENUNCIA
Desde el Ejecutivo municipal, comunicaron que “luego de minuciosas evaluaciones de distintos actos administrativos, se han detectado ciertas irregularidades por las cuales se ha solicitado a la Justicia que se investiguen las mismas y se determinen una presunta defraudación a la administración pública y las distintas responsabilidades de exfuncionarios en las mismas”.
Según se precisa, uno de los casos hace hincapié en “la mecánica utilizada en el alquiler de rodados, tipo camioneta, mediante la utilización de un sistema de compra directa, es decir sin ningún tipo de concurso o licitación, para desarrollar distintas tareas operativas de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y ejecución de obras públicas durante el año 2023”.
Lo que la actual gestión encontró como “llamativo” es que la adquisición de dicho servicio “se interrumpió antes del inicio de la actual gestión". Lo habrían detectado "al analizarse algunos de los expedientes administrativos de pagos, ya que los anteriores fueron procesados antes de la asunción de la actual gestión”.
La administración que asumió en diciembre señala que se hicieron las consultas a las distintas oficinas municipales, tras lo cual “se concluyó, con la inexistencia de constancia alguna de que los servicios contratados fueron prestados”. A eso suma que “algunos de los supuestos prestadores del servicio sean familiares directos de algunos ex funcionarios”.
Por otro lado, también se presentó a la Justicia “un pedido de ampliación de la denuncia oportunamente presentada, para que se investigue la responsabilidad de exfuncionarios públicos en la entrega, en comodato, de un camión recolector de residuos a una cooperativa de trabajo”.
Según interpretan los actuales funcionarios, los responsables de la anterior gestión, ”no habrían cumplido con sus obligaciones como tales ya que el comodato”, remarcándose que “el Decreto de ratificación del contrato firmado por el exintendente (Enrique Cresto), establecía claramente un uso por el lapso de cinco años, y que la vigencia del contrato de comodato recién entraría en operatividad luego de la ratificación del mismo por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad y esto nunca sucedió”. Por lo que, “dicho camión, no podía estar en poder de un privado como finalmente sucedió”, se señala en el comunicado oficial que la Municipalidad difundió a los medios.
Por último, desde el Poder Ejecutivo municipal se anticipa que “en el transcurso de la semana se harán nuevas presentaciones tendientes a que la Justicia investigue y otorgue claridad a ciertos actos de gobierno acontecidos en la gestión anterior”, aunque sobre estas otras causas no se adelantaron mayores detalles.
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