El reclamo gremial en el sector de la Justicia se intensifica, y los dos gremios que nuclean a los trabajadores del sector anunciaron diversas medidas de fuerza.
UEJN: PARO DE 48 HS
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que conduce a nivel nacional Julio Piumato, realizarán un paro de 48 hs este jueves y viernes en reclamo de recomposición salarial.
"Se resolvió llevar adelante medidas de fuerza a partir de las 00 horas de este jueves y el día viernes, es decir, el paro a nivel provincial decretado por el gremio es a partir de las 00 horas de mañana", señaló Florencia Borgo, referente provincial del gremio.
Respecto de los magistrados y los fiscales, la delegada gremial explicó que "los funcionarios y magistrados no pueden hacer paro. Sí o sí ellos tienen que estar (presentes trabajando) porque no se deja de atender a la gente; el acceso a la Justicia es un derecho".
Como consecuencia, "los Tribunales tienen que estar abiertos y se debe garantizar el acceso a la Justicia”, insistió por último la trabajadora judicial.
AJER: CONVOCA A ASAMBLEA
El otro gremio que nuclea a los trabajadores judiciales, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) convocó a que cada una de las filiales realice asambleas en los próximos días, hasta el martes 26 de septiembre como último día, con el fin de determinar fecha del paro provincial y movilización que realizarán.
El reclamo que plantean es el siguiente:
1. Devolución inmediata del 25.57%, que fuera quitado por la ley de emergencia.
2. Acompañamiento y aprobación del STJ y el gobierno al proyecto de AJER de creación de 231 cargos nuevos por concurso.
3. Respeto irrestricto del ingreso y ascenso por concurso y la carrera judicial (ley 5143).
4. Basta de cargos designados a dedo en la planta administrativa, respeto de la Ley 5143: concursos en todos los cargos y organismos.
5. Dejar sin efecto la acordada del STJ que establece guardias para los ETIs.
6. Que el examen de ingreso que se está realizando sea tomado en forma presencial y por jurisdicción de manera de que siga teniendo la misma legitimidad y transparencia de los anteriores, un logro del que el poder judicial no se puede permitir retroceder.
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