Ampliación de la Moratoria Impositiva, Previsional y Aduanera, con ampliación de la cantidad
de contribuyentes e incorporación de monotributistas y grandes empresas. La iniciativa
nacional, con media sanción y girado al Senado, apunta a un monto total de 534 millones de
deudas, vencidas hasta el 31 de julio, que será coparticipado con las provincias. La legisladora
entrerriana votó afirmativamente el dictamen de mayoría.
La Cámara Baja dio media sanción al proyecto oficial de extensión y ampliación del Régimen de
Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs,
establecido en la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La propuesta
se discutió y tuvo dictamen este martes, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tuvo
media sanción este viernes en la Cámara de Diputados de la Nación, junto al proyecto de
reforma del proceso de Quiebras, que contó con 250 votos afirmativos y amplio acuerdo de los
bloques parlamentarios. “Supone una ampliación cualitativa y cuantitativa respecto a la que se
votó en diciembre del año pasado, cuando se focalizó en un universo más chico”, explicó
Blanca Osuna, la diputada nacional de Entre Ríos. “Sabemos el impacto mundial de la
pandemia, generado por el COVID-19, sobre el tejido productivo, social y económico, que
profundizó la crisis general desatada por las políticas de Cambiemos en los últimos años”,
advirtió.
Enmarcado en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, el proyecto que se girará al Senado tiene
como objetivo “la generación de condiciones necesarias para la recuperación y reactivación de
los entramados productivos y la preservación de las fuentes de trabajo”, mencionó Osuna.
“Esta herramienta, que amplía y prorroga el universo de contribuyentes y obligaciones
alcanzados, es un eslabón significativo de una batería de políticas públicas destinadas al
resguardo de las economías regionales, productivas y federales; del trabajo como derecho
esencial; del consumo popular como espiral virtuosa de la reactivación de la economía; y de la
mesa trabajadora de las familias”, contextualizó la legisladora nacional del Frente Todos.
Puntos claves
Además de la incorporación de personas, monotributistas, autónomos y empresas
contribuyentes, el proyecto extiende el ámbito temporal de las obligaciones tributarias, de los
recursos de la seguridad social y aduaneras, previsto por dicho régimen, a aquellas vencidas
hasta el 31 de julio. También establece una tasa inicial del 2%, donde las deudas previsiones se
abonarán entre 48 y 60 cuotas, mientras que las deudas tributarias se pagarán entre 96 y 120
cuotas. Por otro lado, la adhesión se encuentra prevista hasta el 31 de octubre y se comienza a
pagar a partir del 16 de noviembre.
Por otro lado, la cancelación total de la deuda, en las condiciones previstas en el presente
régimen, producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida
que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. La condonación comprende intereses y
multas y establece premios a los contribuyentes cumplidores en monotributos y ganancias.
Además, se fija que quienes paguen al contado tendrán un descuento del 15%.
Coparticipado a las provincias
Por último, el general de deudas se encuentra en un universo de 534 millones, que será
coparticipado a las provincias. “La aprobación de este proyecto de ampliación moratoria pone
sobre la mesa la importancia para estos tiempos que vienen de la reactivación económica, de
un crecimiento con inclusión, donde el trabajo y la producción sean pilares esenciales de las
políticas”, detalló Osuna. “El avance que dimos este viernes en la Cámara es un paso
trascendental para poner a disposición del Ejecutivo nacional una herramienta necesaria, que
se inserta en una batería de políticas, con la finalidad de volver a poner en marcha la capacidad
productiva, social y económica de nuestro país”, finalizó la Legisladora nacional sobre la media
sanción del proyecto que excluye a los bancos, empresas telefónicas y quienes tengan activos
financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.
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